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Gestionar la participación ciudadana desde el ámbito público: La vaca no está atada.

Por Leopoldo Fidyka (*)

 

 

 

Gestionar la participación ciudadana desde el ámbito público demanda ante todo comprender que el objeto de actuación constituye un proceso complejo, multidimensional y no lineal influenciado por muchos factores. El cual implica a priori trabajar con otras herramientas de las políticas "tradicionales" con una más amplia pluralidad de actores,  con la movilización de energías sociales,  con la generación de espacios donde se encuentran o confrontan voluntades, expectativas e imaginarios, donde el factor confianza adquiere otras dimensiones, es decir pone en juego una amplia gama de intangibles de capital social que motorizan el desarrollo.

 

Muchas veces se asocia participación con improvisación, o se la presenta como una tarea sencilla o menor dentro de la administración, pero para acometer acciones públicas participativas con cierta coherencia se debe pensar desde la planificación; ese pensamiento que precede a la acción, esa mediación entre presente y futuro y entre el conocimiento y los hechos; siendo un encuadre necesario para la administración pública y el gobierno en todos sus niveles.

 

 Por lo tanto, para el desarrollo de un plan hacia la participación se necesita adoptar un enfoque estratégico, plantear el o los problemas a los que se quiere focalizar, contar con una clara y persistente voluntad política para poner a rodar el proceso, poseer recursos y acompañantes idóneos, saber sortear imponderables, las frecuentes resistencias al cambio y lograr una buena comunicación interna, con otras áreas gubernamentales y con la ciudadanía.

 

 La formulación de un plan requiere como primera aproximación, -de un conjunto mucho más amplio de temas-, abordar algunos ejes como sus aspectos conceptuales, socio-territoriales, metodológicos, normativos e institucionales.

 

Tomando sólo éstos últimos, los ejes institucionales invitan a plantear varias cosas, como el "desde donde" o sea el diseño necesario del área (si fuera centralizada) o aquellos espacios institucionales del ámbito público encargados de promover la participación, y sus cuestiones conexas, como la conformación de las personas encargadas, los recursos, los instrumentos posibles y disponibles para desarrollarlas, (los "con qué").

 

Una de las primeras cuestiones -para no dilapidar recursos y esfuerzos- es adaptar la propuesta marco que se pretenda, (el qué?)  al objeto institucional y a la escala territorial: ¿Cuántas veces se adopta como objeto central algo que está fuera de las misiones y funciones del área y que es responsabilidad de otra?. ¿Cuántas veces desde un área de una escala territorial superior se encaran acciones de participación que perfectamente deberían ser realizadas por otra de escala inferior?

 

 

Esa propuesta marco, debería identificar el o los problemas de la realidad social que intenta resolver (o mitigar), buscar la legitimación de los resultados más allá de loables objetivos .

Ante la diversidad territorial también,
ha de plantearse estrategias adaptadas a los diferentes contextos con creatividad e innovación, apoyados en ejes como la información abierta y accesible, la educación, la colaboración y la transparencia de los procesos.

 

 Los aspectos identitarios son fundamentales: no se puede salir más al territorio con propuestas cerradas, preconcebidas, previamente envasadas, sin tomar en cuenta el sentir, las vivencias y experiencias de los habitantes locales que son quienes conocen y sienten el territorio. Si es importante, proponer preguntas, cuestiones abiertas a ser completadas, para que a partir de ellas se puedan tender puentes y edificar espacios de construcción de ciudadanía; y en este plano resultan interesantes las experiencias que vienen desarrollando algunos laboratorios de innovacion pública.

 

 Se debe también fortalecer el entramado de las políticas, entendida ésta como la red de contención y alimentación de los procesos y para ello resulta fundamental las “complicidades virtuosas” para:

 

- Conformar equipos especializados y protocolos para su constitución ampliando cuantitativa y cualitativamente la oferta institucional existente.

 

- Desarrollar habilidades, por lo que se hace necesario implementar instancias permanentes de sensibilización, capacitación y formación no sólo de ciudadanos y actores de la sociedad civil, sino también para los funcionarios y decisores públicos.

 

- Investigar marcos conceptuales, normativos y metodológicos. Progresar en la evaluación y en el conocimiento de los impactos de la participación, por ejemplo, los generados por las nuevas tecnologías o los procesos innovadores.

 

 - Procurar una adecuada sistematización de las prácticas y experiencias adquiridas para encontrar nuevas respuestas ante el entorno cambiante y como aporte privilegiado para el diseño de políticas públicas.

 

- Evaluar procesos como forma de retroalimentación de las acciones.

 

- Articularse con otros actores institucionales, sociales y académicos. Impulsar el intercambio de casos, experiencias e investigaciones con distintos organismos, (y un espacio o nodo que los contenga y comparta) a fin de romper tradicionales compartimentos estancos.

 

 

En materia de gestión de la participación, "la vaca no está atada", por el contrario queda mucho por analizar, explorar y experimentar.

 

En un escenario signado por la complejidad y ante realidades o problemas cada vez más cambiantes, transversales y multidimensionales como los que se viven, ni el conocimiento técnico, ni la intuición política alcanzan; para avanzar en acciones de promoción de la participación, resulta preciso generar usinas interconectadas de generación, sistematización  y análisis de procesos participativos, apoyarse en el carácter horizontal del trabajo colaborativo para romper la jerarquía y fragmentación de los conocimientos y revalorizar decididamente el encuentro y resignificación de los saberes técnicos, políticos y populares como insumos necesarios para generar superadoras formas de gestión pública.

 

 

 



(*) Abogado (UBA). Magíster en Dirección y Gestión Pública Local (UIM, Universidad Carlos III- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España).  Investigador, docente y consultor de distintos organismos y centros académicos. Se desempeña en la Administración Pública Nacional y es investigador de ESEIAP, Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos Públicos.